El gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado su intención de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, mediante una nueva legislación que impondría estrictos requisitos de verificación de edad a las plataformas digitales. La medida, que forma parte de un paquete de protección infantil, busca mitigar los riesgos asociados al acceso temprano de los jóvenes a estas plataformas, como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y los problemas de salud mental.
Según el texto legislativo, las plataformas consideradas de 'alto riesgo' - entre las que se incluyen Instagram, TikTok, Snapchat y Facebook - deberán implementar 'medidas razonables' para asegurar que sus usuarios tengan al menos 16 años. Para ello, se contemplan diversas tecnologías como la estimación de edad mediante análisis facial, la validación a través de servicios de identidad digital, el uso de documentos de identidad oficiales o el cruce con información de cuentas existentes.
Las redes sociales ofrecen grandes beneficios, pero también plantean riesgos significativos para los menores. Esta legislación establece un equilibrio entre proteger a los jóvenes y preservar su derecho a participar en el entorno digital.
La iniciativa ha generado un intenso debate entre defensores de la seguridad infantil, organizaciones de derechos digitales y las propias empresas tecnológicas. Mientras que algunos sectores apoyan la medida como un paso necesario para salvaguardar a los menores, otros critican la posible vulneración de la privacidad y la efectividad real de las tecnologías de verificación de edad.
La ministra de Desarrollo Digital de Nueva Zelanda, Ginny Andersen, defendió la propuesta: 'No podemos dejar que las grandes tecnológicas sigan poniendo sus beneficios por delante de la seguridad de nuestros hijos. Estas herramientas existen y son fiables; solo hace falta que las utilicen'.
Si el proyecto de ley es aprobado, Nueva Zelanda se convertiría en uno de los primeros países en imponer una restricción tan tajante por defecto para los menores de 16 años, superando medidas similares adoptadas en otras jurisdicciones que suelen situar el límite en los 13 años.